Liberen al Río Cauca

Por Censat y RAFE El río Cauca es el segundo río más importante de Colombia después del  Magdalena, del cual es su principal afluente. Desde su nacimiento en el páramo de Sotará en el departamento del Cauca hasta Bolívar, pasa por siete departamentos ubicados entre las cordilleras Central y Occidental. La importancia de este río se ha reconocido históricamente por ser un medio de comunicación, transporte y comercio, así como una parte fundamental en la vida de las comunidades ribereñas.

La historia del proyecto hidroituango, comienza el 29 de diciembre de 1997,cuando, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez crea la “Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A.” en la Asamblea Departamental.

Sin embargo, es para el año 2010, que la Sociedad Hidroituango suscribió con Empresas Públicas de Medellín -EPM- un contrato para la construcción del proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango o Hidroituango, que consiste en represar el río Cauca al Noroccidente del departamento de Antioquia. Esta obra de infraestructura es la más grande que se ejecuta actualmente en el país y proyecta la generación de 2.400 MW.

En el 2011, se inició el proceso de licitación mediante el cual EPM convocó a compañías colombianas y extranjeras para la “construcción de los Túneles de Desviación, del Túnel de Acceso y las Galerías de Construcción de la Casa de Máquinas del Proyecto Hidroeléctrico Ituango”. A esta licitación se presentaron más de veinte compañías, pero sólo siete ingresaron al proceso. Así, hubo una queja general acerca de que la licitación fue excluyente y privilegió las propuestas de firmas constructoras de Brasil. Finalmente, el contrato se concedió al Consorcio CCC Ituango, conformado, entre otros, por Constructoes e Comercio Camargo Correa S.A. del Brasil (CCC) y Coninsa Ramon H S.A., y que conformaron el Consorcio Generación Ituango, cuya función fue la elaboración de los “diseños detallados del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero Ituango y asesoría durante la construcción”. Asimismo, desde el 2011, las denuncias por las irregularidades que terminaron favoreciendo al Consorcio CCC Ituango han sido constantes.

Por otro lado, este proyecto tuvo numerosos detractores debido a su ubicación y las consecuencias que tendría en una zona donde las y los habitantes con influencia directa de la obra han construido sus vidas en relación al río, y a la fauna y flora que crece y se reproduce gracias a este. Sumado a lo anterior, el área intervenida por esta iniciativa ha sido fuertemente golpeada por el conflicto armado; según la organización de DDHH Corporación Jurídica Libertad, habrían ocurrido alrededor de 50 masacres en los municipios del cañón del río Cauca, escenarios de violencia que con el llenado y la puesta en marcha de Hidroituango significarían la pérdida de evidencia de estos hechos, es decir, la impunidad de crímenes de lesa humanidad.

Adicionalmente, el proyecto ha sido impuesto recurriendo también a la violencia. En 2010, barequeros de la playa El Capitán fueron sacados de las playas donde reproducían su vida en común, para ser arrojados a la plaza de un municipio cercano sin más pertenencia que las ropas que portaban; sus enseres de trabajo fueron arrojados al río. En 2015 fue el turno de la playa La Arenera en el municipio de Toledo, donde además, se encontraba un sencillo museo de la memoria construido por el Movimiento Ríos Vivos -MRV-. Ambos desalojos se han hecho sin respetar los lineamientos de Naciones Unidas ni del Banco Mundial para desalojos por proyectos de gran envergadura. El MRV habla de unas 400 familias desalojadas por el proyecto, y otras más que no han sido tenidas en cuenta por los censos oficiales pero que también se enfrentan a la fuerte amenaza de perder sus viviendas y formas de trabajo.

La criminalización y persecución han sido también estrategias para deslegitimar y desmovilizar a las y los opositores de la hidroeléctrica: detenciones, procesos judiciales abiertos, amenazas y varios asesinatos han impactado a estas comunidades. En este sentido, en el marco de la lucha de los habitantes del cañón del río Cauca y del Bajo Cauca en contra del proyecto energético Hidroituango, siete personas han fallecido, entre ellos cinco miembros del Movimiento Ríos Vivos, cuatro de ellos asesinados: Nelson Giraldo Posada (2013), Robinson David Mazo (2013), Ovidio Zabala (2016), Luis Alberto Torres Montoya (2018) y Hugo Albeiro George Pérez (2018), Domar Egidio Zapata George (2018) y Duvian Andrés Correa Sanchez (2018).

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha impuesto distintas sanciones al proyecto por incumplir las obligaciones contenidas en la licencia ambiental. En 2016 el proyecto fue suspendido por manejos inadecuados de material sobrante de las actividades de excavación, los cuales eran arrojados directamente al cauce del río, causándole graves  afectaciones a este y a los pescadores de varios municipios.

Lastimosamente, estas prácticas sistemáticas y sintomáticas de criminalización, irrespeto por las comunidades locales, opositores del proyecto y pésima gestión ecológica podrían continuar en una larga lista. Sin embargo, queremos centrarnos en un sucinto recuento desde inicios de 2018, cuando comienza a gestarse de forma marcada lo que se avizora como una de las peores tragedias sociales y ambientales de la historia de Colombia.

Desde finales de enero de este año, las máquinas de Refocosta, empresa contratista de Hidroituango, arribaron al cañón del río Cauca para arrasar con el bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia y del cual queda apenas , según las cifras más optimistas, el 10% de su cobertura original. Alrededor de 400 personas pertenecientes al Movimiento Ríos Vivos se concentraron en el municipio de Sabanalarga para evitar la destrucción de los samanes, orejones, ceibas y otras especies forestales que dan alma a este tipo de bosques. Las comunidades reclamaban que la tala para llevar a cabo el proceso, pasa por encima de sus casas, amenazando también así, sus medios y modos de vida.

En este momento imprescindible para el avance de la obra, ignorando los reclamos de las comunidades, se privilegió que “la empresa pudiera trabajar”. Para tal fin, se recurrió a la argucia de un desalojo por seguridad debido a la amenaza que representaba un paro armado del ELN en esa zona. El Movimiento Ríos Vivos y las comunidades locales niegan la presencia de este grupo, pese a lo cual unos 40 efectivos del ESMAD atemorizaron por varios días a la población para avanzar con una tala que inició sin reubicación de las familias directamente afectadas y con amenazas a las y los barequeros por parte de los funcionarios de la gobernación de Antioquia y de Refocosta.

Esta tala se hizo en condiciones que pusieron en riesgo la vida de los pobladores por los inminentes derrumbes, tal y como el que se llevó la vida de Ovidio Zabala en 2016. Sin embargo, el desdén por los habitantes de la zona ha llegado a un punto de dimensiones impensables. La tragedia actual comienza con la negligencia de Empresas Públicas de Medellín a la hora de retirar los árboles talados de la ribera del río, tal y como les había sido exigido por las personas conocedoras del río.

Una creciente del Patrón Mono , nombre dado al río Cauca por las y los habitantes de la zona, arrastró este material vegetal a su cauce, lo cual contribuyó a que el pasado 9 de mayo se taponara un túnel de desviación, dejando el río prácticamente seco en cinco municipios aguas abajo de la obra. Desde ese momento, la situación para todas las formas de vida -humanas y no humanas- ha sido una sucesión de tragedias, donde se han alternado derrumbes y taponamientos de túneles, y el colapso de algunas estructuras, que se traducen en sequías aguas abajo, inundaciones aguas arriba y deslizamientos.

En este sentido y resumiendo la cadena de eventos trágicos, es menester decir que para la desviación del río, EPM construyó en 2014 dos túneles de desviación de 14 metros de diámetro, este año, previo al llenado del embalse, la empresa selló con concreto uno de los túneles y puso un tapón provisional al otro para hacer el sellado definitivo. Mientras esto ocurría, el río fue desviado por un tercer túnel más ancho, ubicado aguas arriba. Este fue el túnel que se taponó, tanto por el material vegetal sin retirar, como por los frecuentes deslizamientos en la zona desde el 28 de abril. Debido a que los otros dos túneles estaban sellados, el agua se represó, ante lo cual la respuesta de EPM fue intentar destaponarlos mediante explosivos, pero no fue posible ya que el invierno era muy fuerte.

Al ver que esto no funcionaba, EPM decidió sacar el agua por la casa de máquinas, donde había equipos estimados en 400 mil millones de pesos colombianos (alrededor de 143 millones de dólares), que probablemente sufrirán daños irreversibles. Esto generó una campaña de solidaridad con EPM desde distintas universidades de Antioquia y de la Gobernación, mientras la animaban a terminar la presa ante la amenaza que suponía el nivel del río, ignorando la situación de las poblaciones afectadas.

Tanto EPM como la Gobernación de Antioquia pretendieron mantener el problema en lo técnico, poniendo en grave riesgo la vida e integridad de los trabajadores que allí se encontraban. Las decisiones, tanto por parte de las autoridades políticas como de la empresa, han estado encaminadas a avanzar en la obra sin pensar en los graves impactos sociales y ambientales que se han generado.

Los estudios técnicos no tuvieron en cuenta la falla geológica de Romeral que atraviesa la zona de influencia del proyecto, y la ingeniería no ha logrado dar respuestas a la furia del río que ha eludido todos los intentos por controlarlo. Sin embargo, la Gobernación de Antioquia, accionista del proyecto a través del Instituto de Desarrollo de Antioquia -IDEA-, había minimizado la situación describiéndola como un “pequeño impase” e invitando a no convertir en una “telenovela” lo que había ocurrido. Este manejo mediático y oficial se dio hasta el 16 de mayo cuando se derrumbó la casa de máquinas y fue declarada la calamidad pública en Antioquia. En misiva oficial, el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín y el gerente general de Empresas Públicas de Medellín le solicitaron al presidente de la República tomar todas las medidas para evitar que la situación se agravará, en vista de una “situación técnica no controlada”.

Hasta ese momento, la alerta se extendía a las poblaciones de Cáceres, Nechí, Puerto Valdivia, Tarazá, Caucasia, La Mojana y a tres municipios más del departamento de Sucre, a la cual, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres -UNGRD- sumó a los municipios de Ayapel, en Córdoba; junto con Achí, Magangué y San Jacinto del Cauca, en el departamento de Bolívar.

La situación social es igual de alarmante. Las dramáticas condiciones de las familias de Ituango y Sabanalarga se suman a las familias ya desplazadas de Toledo y San Andrés de Cuerquia. Asimismo, el estado del corregimiento de Puerto Valdivia no puede ser peor; el problema que se dio en los túneles de desviación -que según EPM puede volver a ocurrir en cualquier momento- ocasionó la pérdida de más de 50 viviendas, tres puentes destruidos, la escuela afectada y el puesto de salud arrasado. Hay más de 600 personas afectadas. Sin embargo, EPM y la Gobernación de Antioquia han desconocido dicha situación; han ofrecido ayudas humanitarias pero a la hora de ser entregadas, estas han sido denunciadas por discriminación.

Nos encontramos con miles de familias desplazadas, varios poblados destruidos y un desastre ecológico de dimensiones impensables. Hasta el momento no hay solución a la vista, la soberbia de la ingeniería frente a la naturaleza y a las comunidades que la conocen y la interpretan, ha tenido un precio altísimo en esta ocasión; el ambiente en la región es de temor, desesperanza y desconsuelo.

Los grandes retos a partir de ahora consistirán en encontrar la verdad, definir las responsabilidades y comprometerse con garantías de no repetición y revictimización. Por lo pronto, desde el Movimiento Ríos Vivos y la Red de Acción Frente al Extractivismo -RAFE- hacemos un llamado de solidaridad y compromiso a todos los estamentos de la Universidad de Antioquia para que ayudemos a las comunidades afectadas con implementos de aseo, alimentos no perecederos, agua, ropa, cobijas, comida para animales, medicamentos de libre circulación (Acetaminofén, antigripales, suero oral, gazas, Milanta, curitas, Isodine, algodón, alcohol  etc.) y demás elementos necesarios. También convocamos apoyo de profesionales psicólogos que realicen talleres colectivos y acompañamientos individuales en los territorios impactados. Por último, solicitamos al rector de la Universidad de Antioquia, el señor John Jairo Arboleda Céspedes, que manifieste el apoyo institucional a las comunidades.

¡Si EPM nos inunda, nos deja en la inmunda!

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

#Noahidroituango

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